Un superviviente de El Tarajal denuncia a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU: “Hubo más muertos de los que se habla”

Siguen reclamando justicia 11 años después de uno de los mayores dramas migratorios de España. Los supervivientes de la tragedia de El Tarajal y las familias de los fallecidos claman en el desierto ante una investigación objetivamente inane. Uno de ellos es Brice O. (anonimizado para su protección), que no pierde la esperanza y ha denunciado al Estado español ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

La denuncia, explican desde Irídia y el European Center for Constitutional and Human Rights –que acompañan al superviviente en el proceso–, “se basa en la falta investigación efectiva, rápida e imparcial por parte de las autoridades españolas, que aclare las circunstancias en las cuales Brice O. resultó lesionado, así como los otros muertos o desaparecidos”.

Entre las principales deficiencias que aborda la demanda figuran “la parcialidad hacia los agentes de la Guardia Civil y contra las víctimas negras, la falta de independencia de los órganos de instrucción, la obstrucción a la participación de las víctimas y la omisión en practicar diligencias mínimas de investigación”, destacan.

El Tarajal desde unos ojos cualquiera

El 6 de febrero de 2014, la Guardia Civil disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos al agua para disuadir a un grupo de migrantes que trataba de llegar a Ceuta a nado. En aquel intento por sortear el espigón de El Tarajal, murieron al menos 14 personas. Las imágenes mostraron que quienes se encontraban en el agua no fueron socorridos.

Aquel día 23 personas fueron expulsadas a Marruecos mediante lo que se conoce como devoluciones en caliente. Jorge Fernández Díaz, por entonces ministro del Interior, admitió que los agentes trataron de disuadir a los migrantes con el uso de balas de goma y botes de humo, unos hechos que contradijeron la primera versión oficial.

El Tarajal desde los ojos de un superviviente

Brice O., como él mismo ha relatado, entró ese 6 de febrero al mar a nado con un flotador improvisado (el tubo interior de un neumático), inmediatamente se hundió y comenzó a escuchar detonaciones provenientes del lado español.

“En un momento algo cayó frente a mí, no muy lejos. Tuvo un efecto sobre el agua, como si fuera a hervir, pero de manera muy muy intensa. Y humo, como cuando se arroja agua sobre brasas encendidas. Muy rápidamente, me costó respirar. Mi nariz se irritó, y mi piel también. Me costaba respirar, así que abrí la boca, pero entonces tragué agua del mar. Y luego sentí que empezaba a perder un poco la conciencia, lo que hacía más difícil seguir moviéndome en el agua y mantenerme a flote. Ese día tuve mucho miedo de morir. Tuve mucho miedo de ahogarme”, explica.

Justo después, sintió un impacto en su ojo izquierdo. “De repente, sentí un intenso dolor en mi cara, al lado izquierdo, un dolor en la zona de mi ojo. No entendía por qué, qué era. Pero fue extremadamente doloroso. Conseguí salir del agua, pero tenía muchas dificultades para respirar. No podía parar de toser. La parte interna de mi pecho estaba ardiendo. A mí alrededor, otros estaban tosiendo también”.

Reconoció a sus amigos muertos

El superviviente agrega que, en un momento dado, se dispusieron cuerpos sin vida en la playa y pudo reconocer a Martin, uno de sus amigos más cercanos, por la ropa roja que este llevaba puesta. Se acercó a los cuerpos y reconoció a otros dos de sus amigos más cercanos. Los cuatro habían viajado juntos hacia Marruecos. Después, las autoridades marroquíes subieron a Brice O. a un autobús junto con otras personas y lo llevaron a un hospital, donde no le trataron el ojo, a pesar de que estaba muy hinchado. Allí, los supervivientes comenzaron a intentar localizar a sus compañeros.

“Claramente, hubo más muertos de los que se habla, los de España y los de Marruecos. Están los que nunca fueron identificados, los amigos que estaban con nosotros al principio de ese mismo día y que nunca volvimos a ver. También están las mujeres y los niños que estaban en el grupo al principio, y que después no se vieron por ninguna parte, ni en la playa, ni los hospitales”, asevera.

Brice O. permaneció en Marruecos hasta 2019, donde finalmente pudo registrar una solicitud de protección internacional ante ACNUR, que más tarde lo reconoció como refugiado. En 2019, fue reubicado en Canadá, donde vive actualmente y estudia cinematografía y producción.

La instrucción

Cuatro días después de la tragedia en El Tarajal, el 10 de febrero de 2024, apuntan en Irídia, 19 ONG presentaron una denuncia como acusación popular ante la Fiscalía. Paralelamente, los Juzgados de Instrucción de Ceuta nº 1 y 6 abrieron cinco instrucciones en relación con cinco cadáveres hallados frente a las costas de Ceuta entre el 8 y el 15 de febrero de 2014. En marzo de 2014, todos estos procedimientos se acumularon en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta para que investigaran los cuatro posibles delitos principales: homicidio imprudente, lesiones dolosas, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa en relación con las devoluciones en caliente.

Varias ONG españolas (Coordinadora de Barrios, CEAR, Observatori DESC, APDHE y Comité René Cassin) se unieron a la causa como acusaciones populares. Los familiares de algunos de los fallecidos intentaron activamente personarse en el proceso judicial como acusación particular, “pero la jueza instructora les denegó este derecho sistemáticamente”, recuerdan.

Diez años después de los hechos y tras ocho años de instrucción judicial, durante los cuales la jueza instructora archivó la causa hasta en tres ocasiones, no se ha celebrado juicio alguno. En los dos primeros archivos (en 2015 y 2018), la magistrada concluyó que se habían agotado todas las diligencias de instrucción disponibles sin que existieran indicios suficientes de conducta delictiva por parte de los 16 agentes de la Guardia Civil directamente implicados.

La Audiencia Provincial de Ceuta anuló ambas resoluciones en 2017 y 2018 y ordenó a la jueza instructora en dos ocasiones que identificara a los cinco fallecidos y localizara y tomara declaración a los supervivientes, entre ellos a tres presentados por Observatori DESC y CEAR.

Pendientes del Tribunal Constitucional

En Irídia añaden que, en septiembre de 2019, la jueza instructora procesó a los 16 agentes de la Guardia Civil por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, desestimando las imputaciones por lesiones dolosas y prevaricación administrativa por las devoluciones en caliente.

Sin embargo, un mes después, la jueza instructora volvió a archivar la causa amparándose en la polémica jurisprudencia conocida como doctrina Botín, que impide la apertura del juicio oral “a pesar de que existan indicios suficientes de conducta delictiva cuando la acusación únicamente la sostiene la acusación popular y no es apoyada por la Fiscalía ni la acusación particular”.

Aunque en este caso la Audiencia Provincial anuló la aplicabilidad de esta doctrina en julio de 2020, ratificó el archivo de la causa al considerar que se habían agotado todas las vías de indagación posibles sin que hubiera indicios suficientes de conducta delictiva.

El mismo día que la Audiencia decidió archivar la instrucción, “dictó otra resolución para permitir a las familias personarse como acusación particular, algo que llevaban ocho años intentando. Las acusaciones populares recurrieron el auto de archivar del caso, pero en mayo de 2022, el Tribunal Supremo se negó a revocar el fallo del tribunal de apelación”.

En julio de 2022, parte de las acusaciones populares (Coordinadora de Barrios, CEAR y APDHE) y algunas de las familias (representadas por la abogada española Patricia Fernández Viçens, también abogada de Coordinadora de Barrios) pudieron presentar a tiempo dos recursos de amparo distintos ante el Tribunal Constitucional, centrados en el derecho a la vida y en la falta de investigación efectiva relativa a los fallecidos en El Tarajal. En junio de 2023, este tribunal admitió a trámite los recursos de la acusación popular. Ambos procesos siguen pendientes de resolución.