El Estado no ofrece datos exactos sobre las muertes en dependencias policiales en España

¿La de Antonio, vecino de Badalona, fue la primera muerte por táser en España? La única respuesta posible es la que da Mireia Salazar, abogada de la asociación para los Derechos Humanos Irídia, que lleva su caso: “Creemos que sí, pero no tenemos datos”. Antonio murió tras recibir seis descargas eléctricas con una pistola táser utilizada por los Mossos d’Esquadra. “El problema es que no sabemos cuánta gente ha muerto a causa de un arma en intervenciones policiales y no hay mecanismos para investigarlo. Falta un nivel mínimo de calidad y transparencia. A mí, que no exista esta información, me asusta bastante”, afirma Salazar.

El diputado Jon Iñarritu realizó una pregunta escrita en el Congreso para acceder al registro de muertes durante actuaciones policiales. La información que recibió estaba incompleta: faltaba, por ejemplo, el caso de Stefan Lache, que murió en una comisaría de la Policía Nacional en Carabanchel tras ser detenido por no llevar documentación. Su familia sigue pidiendo que se reabra la investigación. En el registro facilitado a Iñarritu no aparecía la muerte de ningún joven de 28 años en abril de 2018. Es probable que su ausencia no sea la única que desvirtúa la estadística, ya de por sí desorganizada al tratar por separado los cuerpos policiales nacionales, autonómicos y municipales.

Según la lista concedida a Iñarritu, entre 2010 y 2020, murieron 65 personas custodiadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Otras 76 lo hicieron durante actuaciones de esos mismos cuerpos entre 2015 y 2024. Las cifras que el Ministerio del Interior ha aportado a La Marea son ligeramente distintas para esas mismas fechas: añaden 35 muertes más en comisarías (sin contar a las personas presas en custodia policial, que fueron 52 en ese periodo) y restan seis durante intervenciones policiales.

“Los datos oficiales no coinciden nunca”, anuncia sin sorpresa Jorge del Cura, que lleva más de 40 años trabajando en temas relacionados con la tortura y que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2019. Habla desde la experiencia cuando asegura que “la propia administración tampoco tiene los datos reales. Nunca se han preocupado por tenerlos. No les ha parecido importante y nadie se los ha pedido”.

No sólo las asociaciones de derechos humanos denuncian esta falta de datos. Hasta el Instituto de Medicina Legal de Catalunya, a través de un artículo, se quejaba de las complicaciones que implican estas lagunas. Por ejemplo, estudiar casos registrados como “muerte súbita del varón durante detenciones policiales”, a su juicio, no es tarea fácil. “Por nuestra experiencia –aseguran–, muchas de esas muertes no se publicitan”.

Muertes «naturales»

Además de la variabilidad en el recuento, hay otro elemento sujeto a la controversia: las causas de la muerte. En la lista del Ministerio del Interior se consignan numerosas “muertes naturales” que se ajustan efectivamente a la definición legal, pero que desconciertan al ciudadano de a pie. Así, si una persona se pone agresiva durante su detención y le inyectan un sedante para reducirla y, acto seguido, muere, se registra a menudo como “muerte natural”. Lo mismo sucede si, por ejemplo, empieza a convulsionar durante las maniobras para inmovilizarlo y acaba muriendo.

Oficialmente, se considera que una muerte ha sido por causas naturales cuando, “sin mediar actuación de terceros, accidente o traumatismo violento, sobreviene por circunstancias asociadas a la vejez, enfermedad o condición personal”. Estas últimas, “enfermedad o condición personal”, se imponen como explicación general a las muertes inesperadas.

Hay otras dos causas de muerte descritas en los registros. Una es la “muerte accidental”, que es la que sobreviene de manera no intencional, derivada del comportamiento del afectado, de terceros o condicionantes externos, incluida la actuación policial. La otra es el suicidio, reseñada así cuando el fallecimiento tiene su origen exclusivamente en la voluntad y conducta del afectado.

En el siguiente buscador están recogidos todos los casos de muertes durante actuaciones policiales que aparecen en la respuesta al diputado Jon Iñarritu. Se subrayan en amarillo, por su profusión, aquellas causadas por “parada cardiorrespiratoria”.

Si agrupamos las muertes que ocurrieron durante una intervención policial en función de las tres causas que recoge la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) del Ministerio del Interior (a partir de la información que le proporcionan la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil), de las 68 que se han registrado en los últimos ocho años, casi la mitad han sido naturales y la otra mitad accidentales. Solo una, fechada en 2021, ha sido por suicidio. Esto supone un significativo ascenso en los dos últimos años, periodo en el que se concentra más del 40% de las muertes registradas en intervenciones policiales desde 2015.

Jorge del Cura sigue definiendo Europa como “un lugar especial, más respetuoso con los Derechos Humanos”, pero, en su opinión, estos derechos “están siendo cada vez más difíciles de ejercer, entre otras cosas por la violencia policial”. En cualquier caso, “seguimos muy por debajo de los datos de otros países, como por ejemplo Francia”, añade. Sólo en 2021 en el país vecino hubo casi las mismas muertes durante actuaciones policiales que en los últimos cinco años en España, según los datos publicados por el medio francés Basta! En ese tiempo la policía francesa ha registrado cinco veces más muertes que los Cuerpos de Seguridad del Estado español.

La situación se invierte si comparamos el número de muertes registradas en España en dependencias policiales (a pesar, incluso, de la discordancia entre balances) con las del Reino Unido. Desde 2010, hubo casi el doble de muertes en España que en territorio británico si confrontamos los datos nacionales con los que proporciona la organización INQUEST, especializada en muertes relacionadas con la policía.

En España, el pico de muertes lo encontramos durante la pandemia: había casi dos muertes al mes entre 2019 y 2021. De hecho, ese último año sólo se contabilizaron muertes por “causas naturales”, lo que incluye los fallecidos por COVID-19. Como dato, llama especialmente la atención el número oficial de suicidios entre detenidos o presos en custodia policial: 51 entre 2010 y 2023. Es decir, más del 26% de las muertes en dependencias policiales se las produjeron los arrestados por mano propia. Esto siempre según las cifras facilitadas por Transparencia. Pero, como sabemos, hay otras.

Rendición de cuentas

La falta de diligencia en la recogida de datos que viene denunciando desde hace tiempo Jorge del Cura se traduce, a su juicio, en “un problema de rendición de cuentas”. “¿Cómo se responde a una violencia que no podemos medir?”, se pregunta el activista.

Los precedentes no parecen alentadores. La familia de Stefan Lache aún pide que se reabra la investigación. También lo hace la de Brian Ríos, otro joven que murió en una comisaría catalana. Todos estos casos tienen un factor común: “Son casos muy graves, que cuesta investigar y, sobre todo, que se alargan en el tiempo y que prolongan con ello el sufrimiento de las familias”, explica la abogada Mireia Salazar, que lleva el caso de la muerte por pistola táser en Badalona.

Tanto ella como Jorge del Cura coinciden en la necesidad de un mecanismo independiente que investigue los abusos policiales. “No hay una cultura de monitoreo de los cuerpos del Estado, falta esta tradición, pero podría ayudar mucho a la hora de redefinir este modelo policial”, apunta Del Cura.

La falta de datos se mezcla con referencias que no se pueden comparar con los de otros organismos. ¿Son los mismos casos? ¿Las mismas fechas? ¿Están incluyendo a todas las víctimas? “No puedes saberlo. Uno arriba o abajo puede ser un problema de retrasos burocráticos, pero cuando son muchos empieza a preocupar. A mí, por lo menos, me preocupa”, reconoce del Cura.