Política
El Gobierno de coalición cuenta con 100 asesores más que el anterior de Sánchez y 200 más que el de Rajoy en la misma época
Según la investigación de CIVIO, la mayoría de los ministerios tiene personal eventual que, en algún momento, estuvieron en listas electorales de PSOE y Unidas Podemos. Destacan quienes no renovaron sus escaños en las últimas elecciones generales.
Puedes leer la investigación completa en CIVIO.
A 30 de junio de 2020, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos contaba con 777 eventuales, personal contratado a dedo, normalmente asesores. Transcurrido el mismo tiempo desde la investidura de su presidente (175 días), el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, integrado solo por socialistas, tenía cien menos, 673. El de Rajoy, 566. Todas estas cifras siempre según la lista de nombres que Función Pública ha entregado a Civio al amparo de la Ley de Transparencia, aunque hemos constatado que faltan algunos nombres.
Sea como fuere, según estos datos, solo 543 de los 777 eventuales en activo fueron fichados durante las presidencias de Sánchez. Es decir, 234 personas que trabajan como asesores para el actual Gobierno fueron contratadas, sin estar obligados a superar una oposición y para puestos de carácter puntual, en las épocas de Aznar, Zapatero o Rajoy. La mayoría permanecen hasta hoy en sus puestos de trabajo. Esto es, tres de cada diez empleados es personal no tan eventual.
Al margen de estos ‘supervivientes’, la ampliación de carteras, la renovación de algunos ministros socialistas y la entrada de Unidas Podemos supuso una ligera renovación de los equipos de asesores respecto al Gobierno anterior, integrado en exclusiva por el PSOE. Aquí puedes seguir leyendo quiénes son esos asesores y asesoras en el Gobierno PSOE-Unidas Podemos.
¿Por qué conocer estos nombres es importante?
La tónica general en el Gobierno del Estado, desde que se publicaron por primera vez los nombres del personal eventual, ha sido la opacidad absoluta. Una postura que contrasta con la de la mayoría de comunidades autónomas, y con la mantenida hacia funcionarios y altos cargos, cuyo acceso a la función pública figura en los boletines oficiales. Desde entonces, Civio los ha pedido cada año, bajo las presidencias tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez. Y, año tras año, hemos encontrado barreras.
Hoy, con una sentencia de Tribunal Supremo favorable a la identificación del personal eventual, que provocó una redefinición del criterio interpretativo del Consejo de Transparencia, la Abogacía del Estado, por defecto, sigue litigando sobre este asunto. Por inercia, porque ya hemos recibido buena parte de la información. Y decimos buena parte puesto que, como explicamos, la lista no es completa. Hemos preguntado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre los datos que faltan, sin obtener respuesta por el momento.
El personal eventual es de libre designación por los políticos de turno y no pasan ninguna criba. No se les exige nada y en muchos casos son amigos, conocidos, familia, de quien los nombra. De ahí el oscurantismo. Sería bueno que desaparecieran y se “tirase” de funcionarios públicos de nivel superior que si han pasado por las pruebas necesarias. Evitaríamos el “enchufismo”. Gracias por vuestro trabajo.
Muchxs asesorxs; pero siguen mandando en política los capos del capital, como siempre.
Las derechas llegan aún más lejos que el amo y lxs que no se autodenominan derechas tienen dos opciones: obedecer o dimitir. Todxs optan por obedecer.
Aún no tengo claro lo que convendría más a la sociedad: que estén en la oposición o presionando dentro del gobierno.
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El gobierno concede 150.000 millones de euros sin condiciones a empresas
Organizaciones de la sociedad civil han remitido una carta a los grupos parlamentarios del Congreso para denunciar el alto coste que supondrán las ayudas para el erario público, así como la falta de transparencia y de criterios financieros, económicos, sociales, de género y ambientales en la asignación de las mismas.
En base a la información pública existente, se ha observado que una parte de las ayudas estatales (en torno al 30 % del total) ha sido asignada o planea asignarse a grandes empresas. Entre estas, empresas de las industrias que más han contribuido al calentamiento global, que cuentan con un historial de impactos ecológicos, climáticos, sociales, de género y/o de puertas giratorias a sus espaldas, que tienen filiales en paraísos fiscales y/o que se han descapitalizado repartiendo cuantiosos dividendos entre sus accionistas los últimos años.
Además, el importe de las ayudas estatales a las empresas contrasta con el de otras partidas aprobadas en el contexto de la pandemia, como el fondo destinado a la sanidad y la educación en las comunidades autónomas, que cuenta con una financiación de 16.000 millones. Para las organizaciones resulta desproporcionado que se destine tal cantidad de recursos a las empresas en detrimento de la financiación necesaria para asegurar el bienestar, la protección social y la puesta en marcha de medidas de transición socioecológica.
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