Primera condena de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel

VALENCIA // El Tribunal  Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a 13 años de prisión a Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama Gürtel, por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur. Los magistrados también han condenado a 12 años y tres meses de prisión a Álvaro Pérez el Bigotes, y a Milagrosa Pérez, exconsellera de Turismo del Gobierno de Francisco Camps (PP), a quien han impuesto 9 años de cárcel.

En la sentencia, de 558 páginas y que se ha hecho pública este viernes, se condena a 11 de los 13 acusados —muchos de ellos, exaltos cargos de la Generalitat— por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo liderado por Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Los jueces concluyen que, entre 2005 y 2009, la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas de Francisco Correa, a las que facilitó información privilegiada.

El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos, informa Efe.

La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que «no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa».

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.