La segunda “transacción”

Transición en política equivale a lo que en física y química llaman cambio de estado. La materia modifica su aspecto pero no su composición. Algo similar ocurrió durante transición democrática en España. Alteramos la forma del Estado sin tocar los elementos de su escudo: cruz, corona y poder territorial. Adolfo Suárez asumió la responsabilidad de liderarla como el clavo que siempre sobresale y al que todos terminan golpeando. Reunía los dos requisitos del elegido: ser una cara nueva para evitar rebeliones externas y pertenecer a la derecha orgánica para eludir las internas. Su misión transitoria pero histórica pasaba por consolidar los pilares del nacional-catolicismo en un marco de libertades formales. La transición militar la consiguió emparedándose con chaqueta y corbata entre los uniformes del Rey y Gutiérrez Mellado. La transición religiosa fue su tarea más urgente, asegurando un estatus privilegiado para la jerarquía católica gracias a un tratado internacional con el Vaticano. La transición territorial, sentando a los nacionalistas conservadores vascos y catalanes en la mesa constituyente. Y la ideológica, procurando ocupar el centro junto al PSOE para consolidar el bipartidismo y marginar en los extremos al comunismo y a la ultraderecha.

La abdicación de Juan Carlos y la simbólica muerte de Suárez cierran la primera transición y abre las puertas para la segunda. Pero mucho nos tememos que todo volverá a cambiar para que nada cambie. La inercia del nacional-catolicismo intentará que los tres elementos del escudo de España permanezcan inmutables sin consultar a la ciudadanía. Cruz, corona y territorio se perpetuarán en la mesa camilla que pactó la primera transacción democrática. Sólo que esta vez, no hay elegido. Serán las fuerzas políticas, económicas y religiosas aferradas a lo viejo que no acaba de morir las que protagonicen esta maniobra para que lo nuevo no termine de nacer. Pero la gente se ha cansado de ser ignorada y está reivindicando su legítimo derecho a participar en esta transición pactada. Sabe que transigir y transitar son dos verbos distintos. Y quiere conjugarlos en primera persona del plural.

La transición monárquica se ha resuelto desoyendo el clamor de calles y plazas. Mucho más trabajo les costará dar la espalda en la transición territorial. Al menos, en el primer envite. El derecho a decidir se ha somatizado en la conciencia mayoritaria del pueblo catalán y contra ella no pueden disparar los tanques. En ambas transiciones, la gente ha manifestado su indignación porque se reacciona ante lo que se conoce. De ahí que sea tan grave la transición fallida hacia un Estado aconfesional. Por clandestina y consentida. La jerarquía católica sigue siendo una muñeca rusa dentro del Estado español debido a la vigencia inexplicable de aquellos Acuerdos con el Vaticano, contrarios a las normas de la Unión Europea y de la propia Constitución. Clama al cielo que se confirme el despido de un cura casado como profesor de religión católica y que el Estado sea quien asuma los costes de esta decisión inconstitucional del Obispo. Clama al cielo que no exista alternativa oficial para la asignatura de religión católica, única diferenciada en los currículos para los niños de entre tres y seis años. Y claman al cielo sus privilegios fiscales, contables e inmobiliarios. No declaran. No tributan. Ni tienen por qué justificar la titularidad de los miles y miles de bienes que han registrado a su nombre gracias a una reforma de Aznar en 1998 y que cerrará Gallardón si nadie pone remedio. La sociedad española debe tomar conciencia de la trascendencia económica, política e histórica de esta contra-desamortización que ridiculiza las de Mendizábal y Madoz, al permitir la apropiación mediante dos normas inconstitucionales no sólo de bienes privados, sin dueño, o de templos que siempre se tomaron por comunes (sin perjuicio de su uso religioso), sino de monumentos de un valor incalculable como la Giralda de Sevilla o que constituyen patrimonio mundial por la Unesco como la Mezquita-Catedral de Córdoba. Gallardón ya ha presentado su proyecto de amnistía inmobiliaria para la Iglesia Católica, concediendo un año de gracia para que registre todos los bienes de los que aún no se haya apropiado. Y de esta forma concluirá uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, que ha permitido un empoderamiento de la Iglesia Católica sin parangón desde la conquista de Granada.

No sabemos exactamente el valor incalculable ni el número de bienes que ha inmatriculado la jerarquía católica empleando estas dos normas afectas de inconstitucionalidad sobrevenida. Son miles de actos en masa, nulos de pleno derecho, pero tolerados por los poderes públicos a quienes les corresponde velar porque se cumpla la Constitución, el único libro sagrado que nos vincula a todos los ciudadanos. Una apropiación anticristiana y contraria a los postulados que globaliza el Papa Francisco. Por eso exigimos que esta segunda transición, que este nuevo cambio de estado, no comience con trampas: a Dios lo que es Dios y al Pueblo lo que es del Pueblo.