La crisis europea y el desdén por la democracia

Los funcionarios y empleados del sector público en Portugal salen este viernes a la calle para manifestarse contra los duros recortes salariales que recogen los presupuestos de 2014. No es la primera vez en la larga crisis de este país que el Gobierno baja las nóminas de sus empleados para así reducir el déficit público, tal y como exigen los acreedores extranjeros.

Los manifestantes no pueden esperar que el Ejecutivo rectifique ya que Portugal es un país intervenido y las pautas de la política económica las marca la famosa troika, formada por representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a cambio de conceder créditos de 78.000 millones de euros.

La esperanza de los funcionarios reside en el Tribunal Constitucional (TC) portugués, que debe revisar los presupuestos para decidir su conformidad con la ley. En los últimos 15 meses, los jueces han tumbado en cuatro ocasiones recortes del Gobierno como, por ejemplo, la eliminación de la paga extra de Navidad. El TC considera que este tipo de medidas atenta contra los derechos sociales inalienables que garantiza la Carta Magna de 1976.

Para los acreedores del país, el TC es un auténtico quebradero de cabeza. En su informe sobre la economía europea del martes, la Comisión advierte que el tribunal es “el mayor riesgo” para que Portugal cumpla las metas de reducción de déficit que se le han marcado. En otro informe no oficial, Bruselas acusa a los jueces de hacer “activismo político”, y el presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, lamentaba su “falta de responsabilidad”.

El propio Gobierno portugués se ha apuntado a la campaña contra el alto tribunal. “¿Alguien ha preguntado a los 900.000 desempleados para qué les ha servido la Constitución hasta hoy?”, dijo el primer ministro Pedro Passos Coelho. Es una forma demagógica de decir que el pragmatismo está por encima de la ley. La oposición en Portugal defiende al tribunal ante las acusaciones que buscan denegar la legitimidad democrática de los 13 jueces que lo componen, de los cuales 10 son elegidos por el Parlamento.

Si el TC vuelve a vetar partes del presupuesto porque violan la Constitución, es muy probable que Portugal tenga que pedir otro rescate y siga intervenido por la troika un par de años más. Un auténtico dilema democrático.

En la vecina España, también bajo tutela de la troika por el rescate a sus bancos, se han evitado interferencias de los guardianes de la Carta Magna de antemano. Bajo presión de Bruselas y Berlín, los dos principales partidos del país cambiaron la Constitución hace dos años de un día para otro con el fin de establecer que el pago de la deuda siempre tenga prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. En Alemania, al contrario, el Constitucional ha reforzado el poder del Parlamento a la hora de aprobar los rescates de países en crisis que cuestan miles de millones al erario público.

La crisis en Europa parece demostrar que la democracia es un lujo reservado a los ciudadanos de los países donantes. Dicho de otra forma, el que paga manda.

Artículo publicado en El Heraldo de Barranquilla (Colombia)

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